Es sorprendente el callejón sin salida en el que dice encontrarse el gobierno de Zapatero ante la situación de Aminatu Haidar. Teniendo en cuenta la durísima situación que vive el pueblo saharaui mientras ellos firman acuerdos de cooperación con el gobierno marroquí como si nada pasara, algo así deberían haberlo previsto.

En 1976 el Reino de Marruecos invade el Sáhara cuando se retiran los españoles, provocando el desplazamiento masivo del pueblo saharaui hacia Tinduf. La fuerza desmedida que el ejército marroquí empleó contra los civiles – arrasando pueblos y aldeas con bombarderos – hizo que la población se asentara en campos de refugiados en medio del desierto. En 1991 se firmó una tregua entre Marruecos y el Frente Polisario con la condición (propuesta por la ONU) de que en 1992 se celebrara un referéndum en la que los saharauis votaran si querían o no la autodeterminación para los territorios que les corresponden del Sahara Occidental. Pero este referéndum sigue sin producirse y los derechos humanos sin ser respetados. Mientras tanto, los recursos naturales de la zona (fosfato, gas natural…) son expoliados, tanto por el gobierno de Marruecos como por empresas extranjeras, por supuesto también algunas españolas.

El caso de Haidar es un ejemplo más de la pasividad con la que el gobierno español actúa frente a tanta injusticia. La diferencia es que ella se ha negado a doblegarse y ha hecho un enorme esfuerzo por denunciar públicamente una situación que nadie ha querido afrontar durante demasiado tiempo.

Para esta defensora de los derechos del pueblo saharaui las situaciones de penuria no son nuevas. En 1987, durante una manifestación pacífica, fue detenida por primera vez, siendo retenida durante cuatro años en los que fue torturada. En 2005 fue condenada a siete meses de prisión, también por denunciar públicamente la situación de su pueblo, en un proceso en el que observadores internacionales denunciaron multitud de irregularidades. Hoy, diciembre de 2009, la historia se repite: Aminatu se encuentra en una huelga de hambre con la que pide que tanto su situación (expulsada injustamente y sin pasaporte de Marruecos) como la de su pueblo se solucionen de una vez.

La JCA exigimos que el gobierno de España deje de mirar para otro lado para preservar los intereses económicos de unas pocas multinacionales, e intervenga de manera inequívoca y contundente para que Marruecos deje de bloquear el derecho de autodeterminación por el que tantos años lleva luchando el pueblo saharaui.

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